El Gobierno quiere limitar las granjas de vacuno a un máximo de 850 cabezas

Granja de vacas en Galicia. | Archivo

EFE / Redacción Madrid / Vigo | El Ministerio de Agricultura quiere limitar las granjas de ganado vacuno a un máximo de 850 cabezas, un límite muy inferior a los hasta 10.000 denunciados por el ministro Alberto Garzón en unas declaraciones al diario británico The Guardian, desautorizadas por el propio Gobierno.

Un decreto que regula esta materia está ya en información pública, desde el pasado otoño, lo que, en teoría, hace inminente su publicación en el BOE. Establece un límite a la capacidad máxima que pueden tener las granjas de bovinos y lo establece en 850 unidades de ganado mayor, es decir, 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo.  En este sentido, cada UGM correspondería a una vaca lechera o a un macho de dos años o más, mientras que terneros, novillas y vacas no lecheras tendrían una equivalencia menor, por lo que podrían ampliar el número de cabezas de la explotación.

Por otra parte, en el borrador también se establece una clasificación de las granjas en función del número de cabezas a través de tres grupos en función de la actividad, para la producción de leche o cebaderos, y siempre que mantengan un sistema intensivo.

Otro de los capítulos relevantes de la normativa en la que trabaja el Mapa se refiere a la ubicación de las explotaciones, que tendrán que estar a una distancia mínima de 500 metros con respecto a las granjas de bovino ya existentes, a cualquier otro establecimiento o instalación que pueda representar un riesgo higiénico-sanitario y a los cascos urbanos.

Además, el borrador deja en manos de la autoridad competente que se limite la instalación de explotaciones de ganado bovino o su capacidad máxima por razones medioambientales o sanitarias en zonas declaradas por la comunidad autónoma como de alta densidad ganadera o vulnerables en términos de protección de las aguas contra la contaminación.

Disposiciones transitoria

En otro sentido, el borrador establece una serie de disposiciones transitorias, entre las que se establecen diferentes plazos, de uno a tres años desde la entrada en vigor del Real Decreto, para que las explotaciones bovinas ya existentes cumplan con algunos de los requisitos establecidos.

Entre otros, las granjas que se encuentren en el grupo II tendrán tres años para adecuar sus instalaciones para contar con espacio adecuado para el cambio de ropa del personal que trabaje en la explotación y las visitas o disponer de estercolero en el que caso de que almacene estiércol sólido y una balsa de purines en caso de generarlos. El mismo plazo tendrán las explotaciones del grupo III (con más de 850 cabezas de ganado mayor) para disponer de vallado o aislamiento perimetral que aísle la explotación del exterior limitando la entrada de vehículos y personas y «minimizando la entrada de otros mamíferos que puedan actuar como vectores de enfermedades». De igual forma, se da un plazo de tres años para que las explotaciones en funcionamiento tengan salas de espera que garanticen el confort de los animales, «asegurando el espacio suficiente y las condiciones adecuadas de movilidad, ventilación y temperatura de modo que se minimice el estrés y riesgo de lesiones durante el proceso».

También se establecen plazos de uno o dos años para adecuar las explotaciones que ya estén en funcionamiento a otros requisitos mínimos relacionados con el bienestar animal y en materia de bioseguridad, higiene, seguridad animal y medio ambiente.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantuvo abierto hasta el 10 de noviembre el plazo para enviar observaciones con el objetivo que los ciudadanos y organizaciones que así lo consideren hicieran hacer llegar las aportaciones oportunas.

Diferencia entre ganaderia extensiva y macrogranjas

El ministro se ha defendido destacando que diferenció entre ganadería extensiva y macrogranjas, y que atribuyó a la primera el ser sostenible y a las segundas, con 4.000, 5.000 o 10.000 cabezas, las acusó de contaminar el suelo y el agua y producir carne de peor o mala calidad destinada a la exportación, y además después del maltrato a los animales.

Fuentes de la asociación UPA y del sector señalan que no existen en España granjas cárnicas de vacuno de 10.000 cabezas, sino una minoría con un máximo de 5.000 cabezas. Además de que el mismo Gobierno del que forma parte Garzón está fijando límites para que no proliferen, añaden.

Normativa autonómica

La autorización de una granja es competencia de cada autonomía, pero hay unas normas nacionales que tienen que cumplir. Y a partir de un tamaño, además, necesitan autorización ambiental integrada, que también compete a las Comunidades Autónomas, señalan fuentes del Ministerio de Agricultura en conversación con EFE.

El decreto afectará a las granjas de nueva creación, pero no a las ya existentes, que tendrán que cumplir, eso sí, las normas establecidas en materia ambiental y de bienestar animal, según fuentes del Ministerio. El decreto relativo al ganado vacuno, fija condiciones de alojamiento y alimentación de las explotaciones, es decir, evita el maltrato a los animales, también denunciado por Garzón.

Greenpeace, que mantiene, al igual que Ecologistas en Acción, una campaña en contra de las macrogranjas, ha hecho alegaciones a este decreto, exigiendo que obligue a la reconversión de estas superficies que existen actualmente y que establezca un máximo de 180 ejemplares.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), mayoritaria en el sector, señalan que en nuestro país, que exporta fundamentalmente carne de cerdo y vaca, solo existe una minoría de granjas de pocos miles de vacas.

Román Santalla, responsable de ganadería de UPA y ganadero él mismo, explica que desde UPA defendemos explotaciones pequeñas y medianas, hemos trabajado mucho para este decreto. En porcino no hay macrogranjas: un decreto reciente limita a 750 madres y 4000 plazas de cebo el número de cabezas.

Macrogranja de Norviercas (Soria)

Uno de los primeros en acusar al Garzon de atacar al sector cárnico fue el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que está en plena precamapaña electoral. Es precisamente en un pueblo de esa comunidad, en Noviercas (Soria), donde se ubica uno de los principales proyectos actuales de macrogranja industrial, aunque previsto para producción de leche.

Es precisamente en un pueblo de esa comunidad, en Noviercas (Soria), donde se ubica uno de los principales proyectos actuales de macrogranja industrial, aunque previsto para producción de leche.

Según UPA, con este decreto proyectos como el de Noviercas no serán posibles. Greepeace, sin embargo, ha señalado en sus alegaciones al Real Decreto que debe cambiarse la redacción del mismo ya que, tal y como está, el proyecto de Noviercas seguirá.

Dos granjas en Galicia superan las 850 cabezas

Solo dos granjas gallegas superan las 850 UGM.  (Unidad de Ganado Mayor que se corresponde con una vaca y en la que, por ejemplo, un ternero representa 0,4 UGM).  Aunque el objetivo de las críticas del ministro parecía ser exclusivamente el modelo de macrogranjas, en sus últimas declaraciones ya solo diferencia entre las consideradas extensivas y el resto. En este sentido, mientras exalta las bondades de las primeras —cita como ejemplo a Asturias, Castilla y León, Andalucía o Extremadura— critica duramente a las demás que, según su opinión, producen de una forma masiva, rápida y al menor coste posible. 

Más del 80% de la producción gallega de leche y carne procede de granjas intensivas. Esto no significa, sin embargo, que se trate de macrogranjas —ninguna supera las 850 vacas adultas que se recoge como número máximo permitido en la propuesta inicial planteada por el Ministerio de Agricultura en su real decreto de ordenación de las granjas bovinas. Según los datos recogidos en los planes de mejora de explotaciones gestionados por la Consellería do Medio Rural, más de 350 millones de euros desde el 2016 en la ampliación y modernización de sus instalaciones con el fin de optimizar las condiciones en las que se alberga el ganado.

Otro tanto sucede con las explotaciones cárnicas que, si bien en el caso gallego, acostumbran a tener un carácter más familiar —apenas se registran una treintena de cebaderos vacunos industriales de mediano tamaño en Galicia.

Cerca de la mitad de la leche que se produce diariamente en España, alrededor de 19 millones de litros, sale de granjas gallegas y, a su vez el 90 % de esta cantidad, procede de explotaciones que cuentan con algún tipo de certificación de calidad y bienestar animal.

En este sentido, el estándar mayoritario es el denominado Welfare Quality, promovido por más de una veintena de instituciones de 13 países diferentes. Un sistema de auditoría que vigila más de un centenar de parámetros diferentes que se agrupan en cuatro principios básicos: buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado.

Contaminación

Garzón señala, acertadamente, que en el 2018, la Comisión Europea abrió un expediente a España por los «excesivos niveles de contaminación por nitratos vinculados a la ganadería industrial». Lo que quizás desconozca el ministro es que la mayoría de estas áreas, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica correspondientes a junio del pasado año, están en Castilla-la Mancha, Aragón y Cataluña, comunidades en las que se ubican la mayor parte de las explotaciones industriales porcinas del estado. De hecho, comunidades más orientadas a la producción de vacuno como Galicia, Asturias o Cantabria no presentan áreas vulnerables a nitratos.

Veterinarios

Al menos en Galicia, todas las explotaciones están obligadas a registrar en un libro que, controlado por la Administración, todos los tratamientos veterinarios que dispensan a sus animales. Este recoge desde la identificación del veterinario que firma la receta, a la dosis empleada, el animal al que suministra e incluso los días de supresión para leche y carne de cada res. Otro tanto sucede en los mataderos donde se rechaza la entrada de animales medicados.