Un accionista del Málaga CF pide el cese del administrador judicial por sobrepasarse de sus funciones

Dumet Grayet. | Archivo

Málaga / Córdoba | Dumet Grayet, accionista con una única acción, ha puesto una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, en cual sólicita a la jueza el cese del administrador judicial, Jose María Muñoz.

En es el escrito que ha publicado Radio Marca Málaga, alega que “el sr. administrador, José María Muñoz se halla en comunicación con grupos económicos interesados en la venta del club”. Ya que para ello, “no ha comunicado al Juzgado, ni a las partes personadas en autos, habiendo cometido por acción u omisión prevaricación y abuso de posición dominante”.

Con base jurídica con lo que pasó en el Córdoba CF

Estos días atrás, mientras que el Córdoba CF no sabía si podia ser inscrito salto la noticia que publicarón los medios de la ciudad cordobesa como ABC queAceites García de la Cruz (AGC), alega la nulidad de la venta de la Unidad Productiva del club a Unión Futbolística Cordobesa (Infinity, fondo de inversión de Baréin) por falta de la obligada autorización judicial y falta de capacidad de los administradores judiciales, Francisco Estepa y Javier Bernabéu”.

AGC plantea esta duda sobre la legalidad de la operación en el escrito de alegaciones, presentado del pasado miércoles 9 de septiembre, como repuesta al informe de la administración concursal. Este acreedor en el escrito de alegaciones, desvela su posición de observar que habría nulidad de la venta de la Unidad Productiva por parte de Estepa a Infinity (Unión Futbolística Cordobesa) el pasado 5 de diciembre por falta, a su juicio, del requisito imprescindible de capacidad del administrador concursal para enajenar activos esenciales del Córdoba CF (su función era, según explica en el documento, sustituir al Consejo del club en sus funciones pero no al órgano de la Junta de Accionistas, del que requería una actuación para permitir la venta) y sin la obligada autorización judicial (en este caso, del Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba, que lleva la causa penal contra Jesús León por la posible comisión de cuatro delitos).

Aceites García de la Cruz considera que la venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD es «inoperante e inoponible frente a terceros por cuanto parte de un requisito no cumplido: no cuenta con la preceptiva autorización del Juzgado de Instrucción número 5».

Considera que el auto que declaró la administración judicial del Córdoba CF, que se produjo el pasado 9 de noviembre tras la detención y puesta en libertad con cargos de León un día antes, establecía taxativamente que no se permitía la venta de bienes o activos esenciales sin autorización judicial.

Detalla que el auto de aquella intervención reflejó que los administradores judiciales que sustituían al Consejo del Córdoba «precisarán autorización judicial para enajenar (vender) o gravar acciones de la empresa o de ésta en otras así como de bienes inmuebles o activos esenciales a los efectos previstos en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedad del Capital».

Asegura el escrito de alegaciones del acreedor que el mandato de la Administración Judicial era la sustitución del anterior Consejo en todas sus facultades, pero con una prohibición clara: «Enajenar activos esenciales sin la previa autorización del Juzgado de Instrucción 5 de Córdoba». E insiste en que el artículo mencionado de la propia Ley de Sociedades atribuye esa competencia a «la Junta General de Accionistas»,

Con la venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF, realmente se vendían, como así se ha confirmado incluso públicamente por todas las partes, «activos esenciales», puesto que «se venden, íntegramente, todos los activos del club». Como consecuencia, entiende que esa acción de venta «excede del tráfico normal de la empresa dejarla sin sus activos». Y, además, concluye que se hace sin la necesaria autorización del Juzgado de Instrucción número 5.

Aceites García de la Cruz sostiene en las alegaciones el clásico argumento de que «el orden jurisdiccional penal es siempre es preferente» para incidir en que falta la previa autorización del juez penal a la venta aunque la hubiera dado el mercantil. Pero, abunda con más contundencia con jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto de un conflicto de autorizaciones para enajenar activos esenciales entre juzgados de diferentes materias. 

Por eso, el escrito sentencia que «la Administración Concursal contravino el mandato judicial y mediante la solicitud del concurso forzó la emisión de una resolución judicial que le autorizase a vender cuando lo tenía prohibido, debió pedirla con carácter previo (al Instrucción 5) y no lo hizo». Incluso, señala que la decisión del Mercantil «no sana esta falta de autorización para la enajenación (venta), sino que son necesarias ambas autorizaciones». El Instrucción número 5 no la dio.

Por ello y otros argumentos, este acreedor suplica al Mercantil que adopte como medida cautelar la inscripción del Córdoba CF SAD en la Federación para competir. Además, reclama que le entreguen, para su mejor defensa jurídica, la escritura de venta de la UP a UFC. Por cierto, el Córdoba CF fue inscrito en Segunda B, bajo la gestión de UFC -Unión Futbolistica Cordobesa-, bajo aprobación de la RFEF.