El TC anula por insconstitucional la colaboración público-privada para potenciar el alquiler

Se alquila.

Madrid | El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado por su carácter inconstitucional dos disposiciones adicionales del real decreto, aprobado en marzo de 2019, que regula los contratos de alquiler de vivienda, con lo que obliga al Gobierno a reformular algunos aspectos de la normativa.

En concreto, las disposiciones anuladas son la Disposición Adicional 1ª. Medidas para promover la oferta de vivienda en alquiler y 3ª. Convenios en materia de infraestructuras.

Con el objetivo de incentivar la oferta de viviendas en este régimen, establece además una serie de medidas fiscales como bonificaciones de hasta un 95% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la vivienda protegida en alquiler cuando los Ayuntamientos acuerden, en una norma jurídica, una renta limitada.

También habilita el gravamen en el IBI de la vivienda vacía, elimina el Impuesto de Transmisiones en los alquileres de vivienda habitual, establece el derecho de adquisición preferente por parte de las Administraciones en caso de la venta conjunta de un inmueble con arrendamientos, y amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años en la duración de los contratos, o a 7 si es una persona jurídica.

Esta anulación no supone ninguna modificación en la Ley de Arrendamientos Urbanos. El Constitucional estima en parte el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, ya que únicamente anula estas dos disposiciones, y avala, por tanto, los cambios realizados por el Gobierno sobre la LAU, entre otras normas.

El secretario de Vivienda dice que el TC avala de forma «clara» el decreto de alquiler

El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha explicado este miércoles en una rueda de prensa que el Tribunal Constitucional (TC) avala de manera «clara» el real decreto sobre el alquiler y «tumba» el recurso presentado por el Partido Popular.

A este respecto, Saura ha subrayado que el Constitucional avala las 20 medidas sociales incluidas en el real decreto ley, y dice «que es urgente que sea así», salvo por la disposición adicional relacionada con la política de vivienda a precio asequible.

El secretario de Estado ha explicado que la denominación de esta disposición adicional como no urgente «no es incompatible con que el Gobierno desarrolle una política estructural ambiciosa», y que el fallo sólo indica que «esa medida no se tendría que haber puesto ahí».

El Gobierno «viene trabajando de manera estructural en incrementar la oferta de vivienda a precio asequible» y, de ahí, se desprende el Plan de Vivienda, que incluye la cesión de suelos a empresas privadas para construir y explotar alrededor de 20.000 viviendas en alquiler a precio asequible, ha añadido Saura.