El Congreso obliga a Aena a rebajar el alquiler a los establecimientos de los aeropuertos

Tiendas en el areopuerto de Málaga. | Archivo

Redacción Madrid | El Congreso de los Diputados ha apoyado una enmienda, introducida en el Senado, para conminar a Aena a rebajar los alquileres aplicados a los locales comerciales de su red de aeropuertos.

La propuesta de bajar los alquileres de Aena fue presentada por Coalición Canaria durante la tramitación del Proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Terrestre en el Senado y a su regreso al Congreso ha contado con 178 votos a favor; 16 en contra, y 152 abstenciones.

Se trata del segundo gran revés parlamentario para el Gobierno, después de que hace un año el PSOE y Unidas Podemos se quedaran solas en defensa del decreto de los remanentes municipales y una mayoría de 16 formaciones políticas, con casi 200 votos, se lo derogó.

La enmienda, aprobada en el Senado, exime a los establecimientos aeroportuarios del pago de la renta mínima anual garantizada (RMAG) durante el período del estado de alarma inicial —del 14 de marzo al 20 de junio de 2020—, fijando que, a partir de esa fecha, la renta que debe abonar el local se reduciría proporcionalmente en función del volumen de pasajeros del aeropuerto en el que se encuentre, respecto al tráfico aéreo registrado en 2019.

La enmienda modifica los contratos de arrendamiento o de cesión de local de negocio para actividades de restauración o de comercio minorista en los aeropuertos y fija, entre otros, que, a partir del día 21 de junio de 2021, la Renta Mínima Anual Garantizada (RMAG) fijada quedará automáticamente reducida en proporción directa al menor volumen de pasajeros respecto al que existió en 2019.

Según la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (AEOCA), el 70% de empresas que operan con Aena son pequeñas y medianas empresas familiares, aunque solo representan el 15% de su volumen de negocio comercial, el porcentaje restante está en manos de grandes grupos.

La propia AENA ha informado que la aprobación de esta enmienda supondría pérdidas de 1.500 millones de euros en sus ingresos a lo largo del periodo 2020-2025. Así pues, la compañía ha añadido que está analizando las «implicaciones jurídicas» de esta normativa y ejercerá «todas las acciones que correspondan en defensa del interés social de la compañía».