El Consejo General de Economistas denuncia que la reforma de la Ley Concursal deja «desprotegidos» a los acreedores de microempresas

Consejo General de Econmistas. | Archivo

Redacción Madrid | echazo frontal de los economistas contra el proyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal impulsado por el Gobierno por dejar “desprotegidos” a los acreedores y negar en la práctica una “auténtica” segunda oportunidad a empresarios y particulares.

Así de tajantes se muestran desde el Consejo General de Economistas (CGE) contra la reforma concursal, que se publica este viernes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), que ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para intentar mejorar el sistema de reestructuraciones e insolvencias de España durante la tramitación parlamentaria de la reforma, al temer que se tramite por el procedimiento de urgencia y haya un plazo breve para la presentación de enmiendas.

El Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado en materia de reestructuraciones e insolvencias del CGE– ha expresado su “decepción”, debido a que “el texto no recoge prácticamente ninguna de las aportaciones realizadas por los expertos durante la fase de audiencia pública previa a la aprobación del texto por el Consejo de Ministros.

El presidente del CGE, Valentín Pich, dice entender las “prisas” del Gobierno para acometer reformas comprometidas con Bruselas, pero considera que una de tal calado como la concursal merece mayor tiempo de elaboración para evitar “cambiarlo todo para que nada cambie” (Giuseppe Tomasi di Lampedusa)  y sea una nueva norma más de las 25 acometidas de la Ley Concursal desde 2004. (Vos me entendes).

Deja “desprotegidos” a los acreedores

El presidente del Refor-CGE, Juan Carlos Robles, ve necesidad de mejorar el excesivo peso del papel del deudor en los procedimientos para microempresas, la poca efectividad en los mecanismos de segunda oportunidad, la falta de claridad de la regulación de los profesionales de la insolvencia y de las nuevas figuras que desarrolla –como el experto en reestructuración– o la inexistencia de un testeo eficaz que garantice el pleno funcionamiento del nuevo procedimiento electrónico.

Entre las principales críticas realizadas por los economistas al proyecto de ley se encuentran la “desprotección” de los acreedores ante la “total falta de control” sobre el procedimiento para microempresas que podría desembocar en manipulaciones interesadas por parte de ciertos deudores, trasladando la tutela del coste del control de los mismos a los acreedores.

También denuncian la “imposibilidad” de acceso de las personas naturales, autónomos y empresarios a una verdadera segunda oportunidad; la “indefinición” de la nueva figura del experto en reestructuración, que sostienen que será clave en la gestión prematura de las insolvencias, así como la inexistencia de disposiciones transitorias de cara a poder testar, antes de su aplicación en 2023, los procedimientos de microempresas. De nuevo, los economistas lamentan la indefinición del plazo de aprobación del Reglamento de la Administración concursal, que “deja a los profesionales en una situación de inseguridad que se viene manteniendo desde 2015“.

Los economistas piden recuperar la posibilidad real de acceso de las personas naturales a la segunda oportunidad y, para los empresarios individuales, la posibilidad de modularse la “excesiva” protección del crédito público en situaciones de liquidación, de forma que, como mínimo, se exima del pago de los tres últimos periodos liquidativos. A los consumidores sobreendeudados consideran que debería permitirse la plena exoneración en situaciones usuales, como multas, sanciones o impuestos habituales del último año.

También piden que se fijen las condiciones profesionales para ser experto en reestructuraciones, así como las del administrador concursal, y ante la falta de profesionales en la administración concursal, piden flexibilizar el mecanismo de protección y que bastara con que un acreedor justificara razonablemente la necesidad de la intervención de un administrador concursal para que la designación de este fuera obligatoria.

Reclaman también modelos eficientes de alertas tempranas basados en mecanismos automatizados de control, como los test de estrés de solvencia y las certificaciones de solvencia y liquidez elaborados por profesionales financieros cualificados.