Una sentencía arremete contra la inacción del Ayuntamiento para parar el ruído en la Plaza Mitjana

Plaza Mitjana llena de gente, antes de la pandemia. | Archivo

Redacción Málaga | La sentencia, de fecha 20 de septiembre, ha sido dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo 6 de Málaga dos años después de interpuesta la demanda por un grupo de vecinos de la plaza Mitjana. El tribunal considera que el consistorio no actúa, ni tramita las denuncias vecinales, sanciona excepcionalmente a los locales que incumplen la normativa, pero, hasta eso, lo hace mal.

El escrito, adelantado por la edición local de El Español, declina algunas consideraciones de los recurrentes, ya que no observa “una vulneración grosera y escabrosa del derecho a la vida y a la integridad física o moral”. Sin embargo, sí se reconocen afectados algunos derechos fundamentales, como el “menoscabo de derechos a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad domiciliaria”.

El juzgador no deja títere con cabeza. Ante las pruebas presentadas por los afectados el titular del juzgado habla de ruido tremendo, escandaloso, ensordecedor, con solo abrir una ventana en las viviendas de la plaza,  pasando con mucho los límites permitidos incluso con todo cerrado.

«Claro que lo es, pero como administración (…) tiene que conducirse con pleno sometimiento a la ley; leyes y reglamentos que existen sobre la cuestión y que habilitan la actuación de control y, si es necesario, la actuación expeditiva de las potestades de control«.

Ante la ignorancia recurrente a las denuncias presentadas, el juez afirma que esta situación “roza el descaro”. Y reconoce «un traslado o peloteo de las denuncias de un departamento a otro, o, directamente, una inactividad en cuanto a los mismos». «Este juzgador entiende el quebranto que supone no poder abrir siquiera la ventana de tu casa por el ruido o el estruendo que en dicha calle y plaza se vive; y ello merece ser indemnizado hasta tanto en cuanto no se adopten medidas reales y efectivas para sofocarlo», sentencia.

Una algarada bebiendo en la calle mientras los locales permanecen con las puertas y ventanas abiertas y sus vigilantes indolentes dejando hacer sin interés alguno por atajar una situación que los vecinos llevan padeciendo, al menos , desde 2012.

Probado el ruido el tribunal, en sentencia, arremete con una andanada de argumentos contra la actuación o, mejor dicho, la inacción del Ayuntamiento de Málaga.

Añade que el Consistorio se limitó a medir el ruido para conceder la licencia a los locales, después nada de nada, que es competencia de la administración atajar la situación, que no cabe la excusa, esgrimida por el consistorio,, de hecho habla de peloteo de denuncias de un departamento a otro del consistorio, que no sancionó a los locales incumplidores y hasta en eso, el Ayuntamiento, fue negligente porque muchos expedientes terminaron en nada por errores en tramitación del consistorio lo que hace ineficaz la multa.

El juzgado condena al consistorio a cumplir la normativa de ruidos, que clausure inmediatamente los locales que no la cumplan, que anule las licencias para los incumplidores, que clausure los establecimientos sin licencia o funcionen sin ajustarse a ella, que ejecute las órdenes de clausura anteriores, el juzgado, en definitiva, insta al Ayuntamiento de Málaga a cumplir la ley.

Pese a todo, el tribunal atiende sólo parcialmente la demanda de los vecinos ya que no considera demostrado el daño moral que por el ruido alegaban los afectados y por el que reclamaban una indemnización. Eso sí, considera demostrado que ese ruido que durante estos años ha vulnerado derechos fundamentales como el de la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio y por ello también condena al consistorio a que pague 13.440 euros anuales a cada uno de los afectados desde la publicación de la sentencia y hasta que se solucione el problema.

El Ayuntamiento respeta la sentencia

Al conocer este escrito, el Ayuntamiento de Málaga emitió un comunicado en el que informó de lo siguiente. “El Ayuntamiento respeta la sentencia, pero no la comparte y va a recurrirla, pues considera que ésta no ha tenido en cuenta ninguna de las acciones municipales llevadas a cabo, especialmente desde 2015, para controlar el ruido mediante inspecciones y sanciones (algunas de las cuales condujeron al cierre de establecimientos), además de los efectos de la declaración de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS)”, redactó en su escrito.

A pesar de que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia, se procederá en los próximos días a levantar acta de la situación actual de la zona y a hacer nuevas mediciones.