El Ayuntamiento de Torrox abona 3,5 millones del ‘Caso Barragán’

Momento de la firma. | Ayto. Torrox

Torrox | El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha ordenado en la mañana de este jueves la transferencia de 3,5 millones de euros al recaudador municipal despedido por el Ayuntamiento, hace ahora 30 años, de forma irregular. Con este pago, que suma el total de 4,7 millones de indemnización acordada entre ambas partes, el Ayuntamiento liberará los terrenos municipales para poder ejecutar los grandes proyectos previstos, como hoteles y zona de equipamiento del futuro puerto deportivo, un campo de golf y un tanatorio, y que se encontraban embargados por orden judicial.

«Me ha costado firmar la orden de pago», ha reconocido Medina. «La de cosas tan necesarias que se podían hacer con este dinero en creación de empleo, calidad de vida para nuestros vecinos o riqueza para Torrox y tener que desprenderse de 3,5 millones de euros por la ineptitud de algunos políticos no es fácil. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de más el 15% del presupuesto municipal y simplemente por la dejadez de quienes se suponen que administran el dinero de los ciudadanos», afirmó.

No obstante, aunque el alcalde ha insistido en que «por lo menos, los partidos que han estado al frente del Ayuntamiento durante estos años como PSOE e IU deberían sonrojarse y pedir perdón», ha preferido mirar hacia el futuro y lanzar un mensaje de ilusión para los vecinos: «Por un lado se te queda la cara de tristeza cuando haces un pago de 3,5 millones de euros a cambio de nada, pero por otro sientes un alivio al ver que grandes proyectos que necesitamos para lograr nuestro objetivo de que Torrox sea un referente en la Costa del Sol, puedan tener luz verde y sean pronto una realidad».

Óscar Medina ha mostrado una vez más su agradecimiento a la concejala de Hacienda, Paula Moreno, por el trabajo realizado para poder hacer frente a esta sentencia: « Si no es por el rigor y la entrega de  la delegada y su equipo, cerrar el caso Barragán no hubiera sido posible. Hubiéramos tenido que sacrificar servicios o las ayudas a los vecinos del Plan de Recuperación que hemos puesto en marcha para frenar la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Gracias al trabajo que se viene realizando de contención del gasto, el Ayuntamiento de Torrox es de los que hoy por hoy puede presumir de haber conseguido ‘deuda cero’. Eso sí es ejemplo de administrar el dinero de los ciudadanos», aseveró.

El ‘Caso Barragán’ comenzó en los años 90

El conocido popularmente en Torrox como ‘caso Barragán’ comenzó en el siglo pasado, concretamente el 2 de febrero de 1990. El pleno municipal, presidido entonces por el socialista Idelfonso Mateos, acusó al recaudador Antonio Barragán de abandono de sus funciones en las cuentas entre 1988 y 1989 y acordó prescindir de sus servicios incumpliendo una cláusula de preaviso de tres meses que estipulaba el contrato que les vinculaba.

Tras un eterno proceso judicial, en el que según Medina «ni como alcalde ni como abogado puedo entender las numerosas pifias que se han cometido», finalmente ambas partes acordaron el pasado mes de mayo un segundo y último pago de 3,5 millones de euros para zanjar el conflicto, que debía abonarse en un periodo máximo de seis meses, plazo que culminaba el próximo mes de noviembre.

 Al cabo de nada menos que 30 años de pleito, al Ayuntamiento le va a costar 4,7 millones de euros la indemnización por despido del antiguo recaudador municipal Antonio Barragán Martín, hoy de 77 años. Medina lamenta que cesar a Barragán no le habría costado ni un céntimo a las arcas municipales simplemente si el alcalde de 1990, Ildefonso Mateos, del PSOE, le hubiera respetado los tres meses de preaviso que figuraban en su contrato, en vez de mandar a la Policía Local para expulsarlo “violentamente” de la oficina de la noche a la mañana.

Antonio Barragán Martín, natural del municipio sevillano de Coria del Río, casado y padre de dos hijas, trabajaba desde 1984 como recaudador externo del ayuntamiento malagueño de Torrox, que por entonces tenía 10.600 habitantes censados y hoy rebasa los 17.200. En aquella época, aún no era obligatorio que el cobro de impuestos lo realizaran agencias recaudatorias municipales o provinciales, y en muchos ayuntamientos los recibos los expedían a mano el propio alcalde o el policía local de turno, o se contrataba el servicio con un recaudador particular de tributos a cambio de una comisión o premio de cobranza del 5%, como Antonio Barragán.

Un despido en caliente que costó demasiado caro

El 2 de febrero de 1990, el pleno municipal de Torrox encabezado por el alcalde socialista Ildefonso Mateos acordó romper el contrato con Barragán bajo la acusación de que había abandonado sus funciones en los ejercicios de 1988 y 1989, una acusación que sin embargo no se tradujo en ninguna denuncia ni sanción contra él. Sobre Barragán no pesa ningún reproche legal. El ayuntamiento, en todo caso, estaba en su derecho de prescindir de sus servicios.

Pero en vez de darle tres meses de preaviso, o pagárselos, como constaba en una cláusula de su contrato, el alcalde ordenó su destitución inmediata, que se produjo “violentamente”, según el TSJA. Policías municipales irrumpieron en el despacho del recaudador y se llevaron los recibos y la recaudación. De la noche a la mañana, Antonio Barragán perdió su trabajo.

Antonio Barragan.

Error tras error

Intentó llegar a una solución “amistosa” con el alcalde, que si éste hubiera aceptado le habría ahorrado una fortuna futura a sus vecinos: el recaudador cesado pidió que le abonaran 500.000 pesetas (3.000 euros, que entonces equivalían por capacidad de compra a 6.554 euros de hoy) para poder liquidar a su vez los salarios de sus dos trabajadoras, pero el regidor se negó. Este segundo error del edil de entonces le saldría muy caro a Torrox, reprocha el alcalde actual, Óscar Medina, a quien, sin más posibilidades de recursos legales, le ha tocado gestionar treinta años después el pago de la acumulada y millonaria indemnización.

Un año después del despido, Barragán obtuvo su primera victoria cuando el 10 de mayo de 1991 el TSJA le dio la razón y ordenó al Ayuntamiento de Torrox que lo restituyera como recaudador y le abonara lo que había dejado de percibir durante ese tiempo. El Ayuntamiento recurrió con un argumento poderoso, como señala el alcalde actual: no se podía restituir al recaudador porque legalmente la colecta de tributos ya no la podían realizar trabajadores o empresas privadas sino agencias públicas de recaudación.

De 1,2 millones a 3,5 millones

En mayo de 1998, el TSJA fijó el importe de la indemnización al despedido y los intereses: en total, 198 millones de pesetas (1,19 millones de euros), que era la cantidad que el tribunal calculó que había dejado de ganar entre 1990 y 1997 tomando como base el padrón de impuestos de Torrox y el porcentaje del 5% en periodo voluntario y 10% en ejecutivo que había cobrado en ese tiempo el Patronato de Recaudación Provincial, que lo sustituyó en el servicio.

El Ayuntamiento, con José Pérez, de IU, en la alcaldía, pagó esos 1,2 millones de euros de 1998 pero no cumplió o más bien no pudo cumplir la segunda parte de la sentencia que obligaba a restituir en su puesto al recaudador

El antiguo recaudador siguió pleiteando y en octubre de 2016 reclamó ante el tribunal que le quedaban aún por cobrar del Ayuntamiento 10 millones de euros, cantidad en que cifraba el perjuicio por seguir sin recuperar su puesto desde la liquidación primera de 1998. En este punto le tocó lidiar con el caso Barragán al nuevo alcalde desde 2015, Óscar Medina, que ejercía de abogado hasta su elección.

Medina estudió el proceso, que lastraba las cuentas municipales desde 1990, y el Ayuntamiento recurrió la reclamación de Barragán.

La liquidación resultante, del 6 de noviembre de 2017, ascendió a 4.590.068 euros, que era el dinero que se calculaba que Barragán había dejado de ganar desde 1998 hasta 2008 (ya había cobrado el período de 1990 a 1997). El Ayuntamiento recurrió, sin éxito, ante el Tribunal Supremo, con vistas a ir después al Constitucional. Mientras tanto, le embargaron al Ayuntamiento una veintena de parcelas, algunas con gran potencial de desarrollo turístico, para asegurar que Barragán cobraría de una manera u otra.

Frente a la crítica de la oposición municipal del PSOE al acuerdo, Óscar Medina razona que la vía judicial estaba agotada y que incluso ya le habían enviado un requerimiento para pagar. 

Al Consistorio le cuesta cerca del 16% del presupuesto

«He defendido con uñas y dientes todo lo que he podido, para, al menos, hemos podido ahorrar 7 millones de euros de los que nos pedía y cerrar de una vez este sangrante capítulo de la historia negra de Torrox», sentenció Medina. Además ha indicado que el Ayuntamiento apuró una última negociación entre las partes, acordándose definitivamente un segundo y último pago por la cantidad de 3,5 millones de euros, que se hará realidad en un plazo máximo de seis meses, “para dar carpetazo al asunto y permitiendo así, que al menos, el Cosnsitorio se haya ahorrado unos 7 millones de euros sobre la cantidad exigida por el recaudador“, ha añadido el regidor.

Estos 3,5 millones que saldrán de sus arcas para saldar el pleito con Barragán equivalen a casi el 16% de los 22 millones de euros del presupuesto municipal de Torrox para 2020.