El Consejo de Transparencia de Andalucía obliga a Diputación a declarar las subvenciones a los partidos políticos

Edificio de Diputación.

Redacción Málaga | El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha obligado a la Diputación Provincial de Málaga a facilitar las dotaciones económicas anuales otorgadas a los grupos políticos, con la justificación y las facturas incluidas del destino del dinero público percibido, así como el documento que acredite la entrega de esta asignación a cada formación.

La información de naturaleza económica tiene una “innegable” relevancia pública y es “incuestionable” que todo lo relativo a la recaudación de recursos por parte de los poderes públicos es eje central de la legislación en materia de transparencia. “Resulta del máximo interés para la opinión pública la divulgación de datos relativos a las decisiones de gasto tomadas por las administraciones”, subraya la autoridad de control andaluza.

Además, las asignaciones destinadas al desarrollo de la actividad de los grupos políticos se consideran obligaciones de publicidad activa, puesto que se identifican como subvenciones, por lo que han de publicarse en la sede electrónica, portal o página web de cada entidad local. No obstante, cualquier ciudadano puede solicitar esa información o bien una ampliación de la misma ejerciendo su derecho de acceso, como ha sucedido en este caso.

Una persona reclamó las cantidades percibidas por cada grupo desde 2015 a 2019, de modo que la Diputación -que no alegó ningún límite ni inadmisión para no entregar la información- debe facilitarle los datos sobre tales cantidades que tenga almacenados en sus archivos informatizados, previa anonimización de los datos de carácter personal de terceras personas físicas que pudiera contener la documentación.

En relación al desglose anual del gasto y su justificación, con facturas incluidas, el Consejo rechaza el argumento de Diputación que remite al Tribunal de Cuentas la obligación de proporcionar la información. Las entidades supramunicipales, que integran la Administración local, están incluidas en la Ley de Transparencia y tienen la obligación de facilitar la información que obre en su poder.

De la misma forma, el Consejo remarca que los grupos políticos no son entidades independientes de las diputaciones, no cuentan con personalidad jurídica propia, sino que son integrantes de la propia organización de la entidad local y, por tanto, corresponde a la Diputación atender la petición de información.